El especialista Iván Arenas advirtió que en el Perú existen más de 2,000 plantas de procesamiento vinculadas a la minería informal e ilegal, lo que evidencia la magnitud del problema en el sector extractivo.
Estas operaciones, en su mayoría fuera del marco legal, generan importantes impactos ambientales y sociales, además de afectar la recaudación fiscal y la competitividad de la minería formal en el país.
Según el análisis, la proliferación de estas plantas responde a la falta de control efectivo, así como a debilidades en los procesos de formalización, lo que permite que estas actividades continúen operando sin supervisión adecuada.
Asimismo, esta situación representa un riesgo para las comunidades cercanas, debido al uso de sustancias contaminantes y a la ausencia de estándares ambientales y de seguridad en los procesos de producción.
En este contexto, especialistas coinciden en la necesidad de fortalecer las acciones del Estado para combatir la minería ilegal, mejorar los mecanismos de formalización y promover una actividad minera responsable y sostenible.