Diversas propuestas legislativas y electorales vinculadas al Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) están generando una creciente alerta en el sector minero, empresarial y ambiental del Perú, debido a los riesgos que podría implicar su ampliación sin una reforma profunda. El REINFO, creado para facilitar la transición de mineros informales hacia la legalidad, ha sido objeto de debate en el Congreso de la República, donde múltiples dictámenes proponen extender su vigencia más allá de la fecha actual, incluso hasta 2027, lo que ha encendido preocupaciones sobre su impacto real en la formalización y la minería ilegal.
Especialistas, gremios empresariales y organizaciones civiles han señalado que las sucesivas ampliaciones del REINFO podrían actuar como un “paraguas de impunidad”, permitiendo que actores vinculados a la minería ilegal operen bajo una etiqueta de formalización sin cumplir requisitos ambientales y de seguridad, lo que debilita la autoridad estatal y afecta la credibilidad del país ante compromisos internacionales contra la minería informal.
En medio de este debate, se han observado alertas sobre posibles influencias de sectores vinculados a la minería informal e ilegal en procesos políticos y electorales de 2026, incluyendo la potencial infiltración de capitales de economías ilícitas en campañas, lo que podría distorsionar la competencia política y consolidar intereses que favorezcan extensiones del REINFO sin las reformas necesarias.
Organizaciones como la Corporación Andina de Fomento y gremios empresariales han exhortado al Congreso a orientar el debate hacia una ley de formalización minera integral que supere el esquema del REINFO, priorizando transparencia, fiscalización y sostenibilidad ambiental, en lugar de repetir prórrogas que no han logrado resultados tangibles en la legalización de la pequeña minería y la minería artesanal en el país.