Una auditoría integral al Registro Integral de Formalización Minera permitiría establecer cuántos inscritos mantienen una actividad real y avanzan efectivamente hacia la legalidad. La propuesta surge tras catorce años de funcionamiento del REINFO y busca identificar registros desnaturalizados que ya no cumplen con el objetivo original del proceso de formalización minera.
La revisión debería depurar las inscripciones utilizadas para respaldar actividades informales o ilegales y conservar únicamente a los operadores que demuestren voluntad de cumplir las exigencias del Estado. Esta separación fortalecería la minería formal, reduciría espacios de impunidad y permitiría concentrar la asistencia técnica en pequeños productores y mineros artesanales realmente activos.
El planteamiento considera necesario evaluar de manera individual la situación de los registros, evitando tanto permanencias automáticas como exclusiones sin sustento técnico. Un control más preciso facilitaría conocer la condición de los operadores, mejorar la trazabilidad de la producción minera y reforzar la supervisión estatal en las zonas donde se desarrollan estas actividades.
La depuración también contribuiría a recuperar la credibilidad del proceso de formalización, cuestionado por su prolongación y por el uso indebido de algunas inscripciones. Un registro confiable permitiría diseñar políticas de capacitación, seguridad, sostenibilidad y acceso a la legalidad, además de diferenciar con mayor claridad la minería en vías de formalización de la minería ilegal.
La propuesta aparece mientras el proceso de formalización minera integral continúa vigente hasta el 31 de diciembre de 2026. En este escenario, una auditoría del REINFO podría servir como base para ordenar el registro, establecer metas verificables y construir un sistema más eficiente, transparente y orientado a incorporar operadores responsables dentro de la actividad minera formal.